Sanidad e inmigración

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Cerca de 900.000 inmigrantes indocumentados o en paro perdieron los derechos de acceso a la sanidad pública el 1 de septiembre de 2012. El Gobierno planea cobrarles 700 euros al año por reintegrarles sus derechos. El análisis de lo ocurrido en  EE.UU. no deja lugar a dudas sobre la urgencia de replantear este tema. Tras excluir a un colectivo semejante de inmigrantes (la mayoría indocumentados) en 1996, se registran reducciones de entre el 60% y el 15% en el aseguramiento de inmigrantes legales en programas sociales y sanitarios para la población de bajos ingresos (en parte por miedo infundado) y disminuye el acceso y la calidad de la atención comunitaria, sobre todo prenatal y preventiva. Ello deteriora la salud de las personas inmigrantes (que, por ejemplo, hoy en día tienen nueve veces más riesgo de contraer tuberculosis) y la salud y las oportunidades de sus hijos. También afecta al resto del país, vía enfermedades infecciosasaltos costes de las urgencias (que aumentan un 40%) e incremento del coste de tratar la enfermedad cuando ha adquirido mayor severidad (de hasta el triple en EE.UU.). Un estudio sobre resultados en salud desde 1950 destaca que “la esperanza de vida en Estados Unidos crece a menor ritmo que en otros países de altos ingresos durante los últimos 25 años”. Aumenta el estigma asociado a la inmigración reciente, la discriminación y la desigualdad en derechos entre Estados. La pobreza y ladesigualdad aumentan en 1997-2008 y el gasto en sanidad e inmigración se dispara. La investigación demuestra también que la inmigración depende del mercado de trabajo y los lazos sociales previos; no existe evidencia que apoye el efecto llamada de las prestaciones de bienestar.

En España, desde 2008 el saldo migratorio desciende rápidamente, lo que quita base a la argumentación sobre el efecto llamada de la sanidad pública. Otra pauta común a España, EE.UU. y otros países es el efecto del migrante sano, por el que las minorías étnicas tienen un nivel de salud (y a veces educativo) superior al de la población receptora. Ello se atribuye a un sesgo de selección por el que las personas con menor nivel de salud o educación no consiguen emigrar o retornan antes: las migraciones son la respuesta global de los más sanos y capaces a las crisis económicas. No se conocen bien las causas de la demora variable en la convergencia a la baja de la salud de los migrantes. Pero sí que soportan una alta discriminación y peores condiciones de trabajo y de vida –a igual nivel de cualificación– (con impactos adversos demostrados en la salud), así como un menor acceso y calidad en sanidad en EE.UU., incluidos los nacidos en el país y los residentes legales. En España, la evidencia previa destaca barreras de acceso a la atención comunitaria y a los ingresos en el hospital –a pesar de ser el derecho de acceso universal, seguramente debido al miedo, el desconocimiento y el posible mal trato institucional– y mayores tasas de uso de urgencias que la población española –una pauta más cara y con mayor riesgo de secuelas–.

En España, como en EE.UU. y a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE-15, los inmigrantes visitan menos al médico, a pesar de ser uno de los seis países europeos donde tienen –del 2000 al 2012– derechos plenos de acceso. No podía ser más rotunda la síntesis de un informe científico de 2011 –sobre la utilización del Estado de bienestar por parte de los inmigrantes en España– que aparece en titulares de prensa: “Inmigración: España sale ganando” (El País, 23 de mayo de 2011). El estudio demuestra que los inmigrantes gastan en bienestar menos de lo que ingresan en Tesorería de la Seguridad Social, al estar más sanos (condición sine qua non para emigrar a nivel mundial), y retornar muchos de ellos a sus países de origen cuando caen enfermos, pierden el empleo o se jubilan.

Debido a este flujo adaptativo es difícil estimar el impacto en salud en los inmigrantes, aunque sí sabemos que sufren el doble de paro infraempleo que la población general. Una estimación rigurosa requeriría comparar a los residentes en España con los que permanecieron en el país de origen queriendo migrar y con los retornados. Un estudio vasco pionero en el mundo apunta en la dirección correcta: compara la salud de los marroquíes inmigrantes en el País Vasco con la población del mismo grupo social en su país de origen y concluye que emigrar mejora la salud física inmediata pero empeora la mental, con secuelas diferidas para la salud física. Otra aproximación rigurosa al problema, aún prácticamente inexplorada, es investigar el curso de vida completo de los residentes en el país de destino antes y después de inmigrar (y/o emigrar de retorno).