Los retos del sistema de pensiones en España

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Capítulo 9-Pensiones

Los sistemas públicos de pensiones tienen una larga historia. Sus orígenes se remontan a 1889, cuando el gobierno del canciller alemán Bismarck introdujo el seguro de vejez dentro de un paquete de seguros sociales más amplio pensado para resolver lo que en su momento se denominó la “cuestión obrera”, es decir, la amenaza de una revolución socialista que acabara con el capitalismo. Uno de sus principales objetivos era ganar a la clase obrera para la causa del proyecto de unificación y construcción de la nación alemana, proporcionando a los obreros unos ingresos cuando ya no pudieran trabajar por edad o invalidez. Es decir, la razón de ser de la Seguridad Social fue la creación de un mecanismo de cohesión y legitimación social de la economía de mercado frente a las amenazas de conflicto social. Este modelo se fue extendiendo a lo largo de muchos países, al tiempo que paulatinamente iban ampliándose también los colectivos y circunstancias cubiertas por la Seguridad Social. Muchas son las crisis sociales y económicas que han asolado a Europa desde entonces, pero el reconocimiento del derecho a la garantía de rentas cuando ya no se puede trabajar ha sido una pieza clave en todos los momentos históricos en los que han tenido que establecerse nuevas bases para una convivencia basada en la paz social y la prosperidad. Es lo que se denomina el modelo social europeo, que se consolida tras la Segunda Guerra Mundial y que ha permitido que las crisis económicas habidas desde entonces no fueran tan desgarradoras como en el pasado reciente.

En España, el primer seguro de pensiones fue el Retiro Obrero, introducido en 1921, y la garantía de un sistema de pensiones que proporcionara recursos suficientes en la vejez fue también una pieza clave para garantizar el éxito de la transición a la democracia, siendo recogido en la Constitución. Varios han sido los momentos históricos en los que la viabilidad de la Seguridad Social ha estado puesta en cuestión y así sucede también en la actualidad. En los informes sobre la situación social de España que hemos venido realizando en la Fundación Encuentro desde 1994, ya hemos abordado situaciones similares en dos ocasiones. La primera fue en 1995, antes de que se firmara el Pacto de Toledo, en virtud del cual se establecían de forma consensuada entre todos los partidos políticos cuáles eran las bases de la protección social y los principios que debían informar las reformas destinadas a garantizar su viabilidad futura, plasmados en parte en la Ley 24/1997. La segunda fue en  2010, antes de que se firmara el acuerdo tripartito al que llegaron el Gobierno y los representantes de la patronal y sindicatos y que se plasmó en la Ley 27/2011 por la que se acometieron una serie de reformas para adaptar el sistema de pensiones a los desafíos del envejecimiento de la población. En la actualidad se ha abierto nuevamente el debate debido a que desde 2011, pese al aumento de las transferencias del Estado y las reformas acometidas, se han registrado déficits que cuestionan la  suficiencia de recursos para financiar las pensiones actuales y futuras, sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de la próxima década se jubilan las generaciones de los baby-boomers –los nacidos entre 1955 y 1975–. El debate se centra ahora en discutir sobre la necesidad de dotar a la Seguridad Social de nuevas fuentes de financiación que aseguren ingresos suficientes para hacer frente a un número creciente de pensiones.

Los desafíos a la sostenibilidad del sistema público de pensiones proceden, por un lado, de factores estructurales y, por otro, de factores más o menos coyunturales. Entre los factores estructurales se encuentran, ante todo, el ya conocido proceso de envejecimiento de la población que hemos abordado en varios informes, pero también profundos cambios en la dinámica familiar. Los factores coyunturales proceden de la crisis económica y de sus consecuencias en términos de caída del empleo,  aumento de la economía sumergida, reducción o congelación de los salarios y aumento de la desigualdad social, que redundan en menores ingresos. Veamos cómo afectan estos factores a la sostenibilidad de las pensiones, para a continuación centrar la atención en las medidas que se han adoptado recientemente y en la discusión sobre la viabilidad futura y las reformas que podrían acometerse.