Internet e innovación democrática

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Realmente, ¿puede ser útil Internet en los procesos de innovación democrática? Un elemento clave sería dilucidar si Internet es simplemente un nuevo instrumento, una nueva herramienta, a disposición de los operadores políticos para seguir haciendo lo que hacían o significa una sacudida, un cambio importante, en la forma de hacer política. Desde nuestro punto de vista –y siguiendo una afortunada expresión de Mark Poster–, Internet no es un “martillo” nuevo que sirve para clavar más deprisa o con mayor comodidad los “clavos” de siempre. Esa visión reduce la revolución tecnológica y social que implica Internet a un mero cambio de instrumental operativo. Desde esa perspectiva, las relaciones de poder, las estructuras organizativas o las jerarquías e intermediaciones establecidas no variarían. En cambio, si entendemos que Internet modifica la forma de relacionarnos e interactuar, altera profundamente los procesos y posiciones de intermediación y genera vínculos y lazos mucho más directos y horizontales a menores costes coincidiremos en que estamos ante un cambio en profundidad de nuestras sociedades. No forzosamente mejor, pero sí distinto. Desde este punto de vista, Internet expresa otro orden social, otro “país”.

Tenemos ante nosotros algunas opciones significativas si se pretende ir más allá del mero cambio instrumental. De hecho, hasta ahora, cuando se habla de e-democracy o de e-administración, más bien lo que encontramos son versiones “martillo” de la aplicación de Internet a lo que ya se estaba haciendo. Cuando se habla de e-democracy, lo que habitualmente observamos es el intento de mejorar, usando Internet, la polity, es decir, la forma concreta de operar el sistema o régimen político y las relaciones entre instituciones y ciudadanía. Y cuando se habla de e-administration, observamos el intento de aplicar las TIC al campo más específico de las policies (o sea de las políticas) y, sobre todo, de su gestión. Lo que está en juego es el poder y querer explorar nuevas vías de toma de decisiones y pensar y gestionar políticas, de manera que la ciudadanía se incorpore más directamente, asumiendo el pluralismo que subyace en una concepción abierta de las responsabilidades colectivas y de los espacios públicos.

No se trata, evidentemente, de un debate estrictamente técnico o de estrategia en la forma de adaptar la política democrática a los nuevos tiempos. El problema no es si Internet y las TIC sirven más y mejor para una cosa o para otra. El problema clave es dilucidar si los cambios tecnológicos generan o al menos permiten cambios en la estructura de poder y si, de manera democrática, tratamos de explorar esas nuevas vías. ¿Sirve Internet y las TIC para que seamos más autónomos, más capaces de decidir sobre nuestros destinos? ¿Sirve todo ello para que se amplíen los recursos de los que hasta ahora eran más dependientes y con más riesgos de exclusión? Detrás de las opciones con las que se van moldeando Internet, las TIC y las estructuras políticas y administrativas, lo que hay son distintas concepciones políticas sobre qué es la democracia y los caminos que se deben seguir si se pretende reforzarla, profundizarla y acercarla a los ideales que inspiraron, hace ya tiempo, muchos años de luchas y de construcción de los derechos de ciudadanía.

En este sentido, por ejemplo, se entiende la significación que tiene la lucha por la neutralidad de la red (para que no sea posible una nueva enclosure o “cercamiento” de apropiación mercantil) y, por tanto, el debate sobre si Internet deba ser considerado un elemento esencial y básico de lo común (como podría ser el agua, la cultura, la tierra, la salud o la educación). Si se interpreta así, no se nos ocultará que en la base de muchas de las estrategias de incorporación de las TIC al funcionamiento actual del sistema político-administrativo laten perspectivas estrictamente “mejoristas”, pero para nada transformadoras. En ese sentido, lo que observamos es que predominan las perspectivas que se sitúan en una lógica estrictamente técnica. Una lógica que busca renovar lo que ya funciona, sitúandose en el universo liberal-democrático, sin voluntad alguna de poner en cuestión la forma de operar de la democracia constitucional y parlamentaria, con sus mecanismos de participación centrados esencialmente en partidos políticos y elecciones.