El papel de Internet en los procesos de decisión y servicio público

by

Hasta ahora, los mayores esfuerzos en la integración de Internet en el funcionamiento de la democracia y sus políticas se han dedicado a mejorar los mecanismos de información a disposición de la ciudadanía. La hipótesis sería que, de esta manera, la gente podría ejercer de manera más completa y eficaz sus posibilidades de elección y reforzar su posición cuando tienen que interactuar con las burocracias públicas. La mayor fuerza o capacidad de influencia de los ciudadanos no vendría tanto de su mayor capacidad de implicación o de dejar oír su voz en los procesos, como de su mayor capacidad de elegir, de optar, de cambiar de proveedor o de expresar con claridad sus preferencias. En la práctica, esto implica asumir que los servicios públicos son sólo eso, servicios, y que no tienen por qué conectarse con valores, con la lógica política que explica que sean precisamente “públicos” y no responsabilidad de las empresas mercantiles. Esa visión de la e-administración despolitiza el debate sobre la incorporación de Internet en los procesos de decisión y de servicio público.

En efecto, los valores que implícita o explícitamente rigen esos procesos de cambio y de uso de las TIC son los de economía, eficiencia y eficacia, que ya sirvieron para poner en marcha los procesos de modernización administrativa de los años ochenta y noventa (lo que se conoce como Nueva Gestión Pública o New Public Management). Aparentemente, estamos asistiendo a la transformación de muchas burocracias europeas en “infocracias”. Pero, existen muchas y razonables dudas de hasta qué punto esos avances modifican la lógica jerárquica y dependiente de la ciudadanía respecto a las Administraciones Públicas emanadas y dependientes del Estado.

Parece claro que estamos hablando de procesos hasta cierto punto despolitizados, en los que no se cuestiona o se valora el porqué de los servicios o a quién van dirigidos, sino la mejor manera de prestarlos. No se trata tampoco de redefinir las políticas o de cuestionar el diseño de los procesos de puesta en práctica de las mismas. Podríamos preguntarnos si con esas nuevas formas que incorporan a las TIC en la prestación de servicios públicos se estaría realmente respondiendo a los problemas de déficit democrático y de “sociedad alejada” mencionados al inicio de estas reflexiones.

Por otro lado, lo cierto es que la incorporación masiva de las TIC y de Internet puede generar riesgos relacionados con las mayores capacidades de control de los poderes públicos y las grandes corporaciones, a partir del manejo de los cada vez más grandes volúmenes de información disponibles en la red. Junto a ello, el creciente uso de videovigilancia, los nuevos programas de detección de personas sospechosas, etc., aunque pueden mejorar las prestaciones de las politicas de seguridad, plantean problemas de violación potencial de la privacidad no desdeñables. En definitiva, este tipo de vinculación entre procesos de innovación vía TIC, muy vinculados a las políticas y sus procesos de prestación de servicios, no cambiarían en absoluto las lógicas tecnocráticas y de “arriba-abajo” características de los sistemas democráticos consolidados en la segunda mitad del siglo XX. El uso de las TIC, más que reforzar la capacidad de presencia y de intervención de la ciudadanía en los asuntos colectivos, podría acabar reforzando la capacidad de control y de autoridad de las élites institucionales.

Desde una lógica mucho más política y no tanto administrativa y de gestión, Internet ha estado presente también en los intentos por parte de instituciones representativas y de los partidos políticos de mejorar sus canales de comunicación con la ciudadanía. No se trataría en este caso de aumentar la eficacia en la prestación de servicios, o de facilitar los trámites, sino de reforzar directamente la legitimidad de las instituciones de gobierno. El objetivo sería de evitar la sensación de desapego, reducir la percepción de distancia entre los que deciden y aquellos a los que dicen representar.
En este escenario, los intentos de aplicar las TIC en distintos ámbitos de las democracias parlamentarias se han ido sucediendo. Esas iniciativas se han concentrado en temas como la mejora tanto del funcionamiento interno de los parlamentos o de los ejecutivos y de las administraciones como de la información de la actividad parlamentaria y gubernamental hacia la ciudadanía o en facilitar y ampliar las posibilidades de interacción entre los parlamentos y los gobiernos con los ciudadanos. En Europa, los ejemplos son significativos, tanto en cada país como en las propias instituciones de la Unión Europea. En la relación entre partidos y electores, también se han ido poniendo en práctica numerosas iniciativas de utilización de Internet encaminadas a mejorar los canales de información con los militantes y de incrementar el contacto y la adhesión con los simpatizantes y votantes. Al margen de la simple emisión de boletines electrónicos, de mensajes o de canales oficiales en Facebook o Twitter, se han puesto en práctica experiencias en los sistemas de selección de candidatos, de debate sobre alternativas de programa o advocacy on line, con presencia de grupos o personas que expresan sus intereses a través de la red.

Como ya se analizó en el Informe España 2010, los gobiernos y parlamentos han puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a usar las TIC para facilitar el acceso a la información institucional por parte del conjunto de la ciudadanía. Así, los ciudadanos pueden hacer llegar sus peticiones o quejas al Gobierno o, en el caso del Parlamento, propuestas de personas o grupos para que sean canalizadas por los grupos parlamentarios que así lo estimen conveniente. Sin embargo, los partidos políticos e instituciones que han empezado a usar las TIC, lo han hecho desde la lógica instrumental o de “martillo” antes mencionada, y sin una estrategia demasiado predeterminada. En general, el sentido de la información es unidireccional, e incluso cuando existe la posibilidad de la bidireccionalidad, el control del medio y la decisión sobre la oportunidad o no de tener en cuenta las opiniones ajenas, recaen sobre el aparato del partido o la dirección de la institución.