Desterrar la política de exclusión y abrirse a la política de inclusión

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Segunda consideración: La aceptación de la diversidad y la confianza mutua en sociedades cada vez más plurales, complejas y globalizadas son los dos grandes desafíos que pueden determinar el futuro. Si no somos tolerantes ante la diversidad social, política y cultural existente, no puede haber confianza mutua ni compromiso ni convivencia. Por esta razón, hay que desterrar las políticas de crispación y de exclusión que tanto deterioran la calidad del debate público, polarizando e impidiendo el diálogo racional entre diferentes.

El pensamiento simplista basado en el enfoque binario (bueno-malo, amigo-enemigo) ha sido nefasto en todos los sentidos y no ha propiciado un marco de interpretación y comprensión más exigente y elaborado. La reducción de la política a la destrucción del adversario y al cierre de fronteras hacia dentro de cada partido ha erizado múltiples disensos y ha abierto conflictos manufacturados allí donde no los había.

Los cambios desencadenados por la globalización y la sociedad del riesgo suponen que la agenda política doméstica se compone de temas cada vez más complejos que plantean múltiples dilemas de decisión. Para hacer frente a este escenario, las democracias más liberales y avanzadas están desarrollando nuevas formas de transparencia para rendir cuentas a unos ciudadanos cada vez más exigentes. Ciudadanos que, a su vez, reclaman más participación directa. Todo ello implica que se eleva el nivel del debate público, con lenguajes y conocimientos expertos que ya son asequibles para la mayoría. Los conflictos y problemas son deliberados y racionalizados de forma civilizada y educada. La democraciaexigente es la contraparte de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, en España las estrategias de exclusión y de frentismo binario han socavado las bases mínimas del diálogo deliberativo que facilitan el clima para construir acuerdos y consensos. Cuando hacía falta más pragmatismo ilustrado y más inteligencia incluyente, se ha respondido con estilos y estrategias maximalistas que dividen y polarizan.

El pragmatismo ilustrado implica hacer política realista basada en evidencias, tomando decisiones tras un cálculo analítico de las consecuencias en el que también ha de participar la ciudadanía. Nadie ha de ser ajeno a los datos, al “open data” y a la transparencia de las decisiones y de las cuentas públicas. Trasladado a la cuestión territorial, implica publicar anualmente las balanzas fiscales entre autonomías, por ejemplo, como un instrumento analítico y necesario que contribuya a mejorar el conocimiento de cómo funciona realmente la solidaridad interterritorial en España. La opacidad y la confusión en este ámbito pervierten y deforman el debate territorial y las percepciones de justicia o injusticia distributiva de las distintas comunidades autónomas del llamado modelo común (excluidas Navarra y País Vasco). Es hora de resolver los agravios comparativos y las situaciones injustas que han cercenado la cooperación mutua desde tópicos construidos desde la escasa transparencia.

Tampoco parece sostenible, ni de justicia, un modelo de financiación autonómico que repercute negativamente en aquellas comunidades autónomas que son aportadoras netas. El llamado Arco Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) produce más del 35% del PIB español y del 50% de las exportaciones, siendo uno de los motores económicos claves para asegurar la recuperación económica. No puede ser asfixiado por un modelo de financiación que le perjudica con más endeudamiento y menores serviciospúblicos. ¿Existe liderazgo para construir un nuevo consenso territorial cuando se han exacerbado los localismos, se ha abierto el desafío soberanista catalán tras sembrar anticatalanismo y se sueña con recentralizar el Estado como una solución mágica de autoridad? ¿Cómo vamos a construir un relato común si no reconocemos la España plural y multinivel, compuesta de interdependencias y asimetrías reales? Desde la opacidad o la demagogia será imposible hacerlo.

Es posible afirmar que la bonanza económica a partir de la entrada en el euro (2000-2008) impidió un debate nacional riguroso sobre los desafíos y debilidades de España ante la globalización. El debate del encaje territorial de España hay que plantearlo conectado con las implicaciones que se derivan de la globalización, la gobernanza multinivel y las soberanías compartidas. Otros países avanzados y nuevos países emergentes sí fueron capaces de plantear el debate sobre la globalización, requisito que les ha ayudado a posicionarse y a adaptarse mejor al nuevo contexto y a la nueva época. Es el caso de Alemania.

La inversión en educación, conocimiento y capital humano como una prioridad de Estado, asumida por derechas e izquierdas, ha sido una constante en dichos países, pero no en España. Otra demostración de pragmatismo ilustrado al que llegamos tarde y mal, si no revertimos los graves recortes en educación, ciencia y universidades acaecidos en los dos últimos años. Tampoco ayuda la reciente reforma educativa (séptima gran ley educativa de la democracia), que nos demuestra de nuevo la inestabilidad normativa y el disenso continuo sobre la educación moderna que necesitamos como país competitivo y cohesionado. ¿Seremos capaces de lograr un gran pacto de Estado que deje la educación, la ciencia y las universidades fuera de la disputa partidista y pasen a convertirse en una prioridad común?

Otros países lo han conseguido y nos toman ventaja competitiva sin encallarse en polémicas ideologizadas ante un asunto tan serio y estratégico como es la educación. Desde el año 2000 la mejor política económica y social en manos de los Estados es la política educativa y la inversión en capital humano. En estos trece años, mientras la mayoría de países no han reformado su marco normativo general, España ha visto aparecer hasta tres reformas educativas (LOCE, LOE y LOMCE) en una espiral que recuerda el esfuerzo cíclico de Sísifo. El viejo lema del regeneracionismo de finales del siglo XIX que decía “escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid” parece recuperable para hoy en día, instalados en sociedades digitales y del conocimiento donde la educación es la pared maestra de la competitividad económica y de la calidad democrática. En lugar de modernizar un sistema educativo potente para las exigencias del 2030 desde el consenso, el diagnóstico compartido y el pacto, se recurre al vaivén continuo de leyes educativas que responden a divisiones ideológicas insuperables. ¿Existe liderazgo civil o un patriotismo constitucional habermasiano que rescate la educación de la lógica partidista y efectista?

El patriotismo constitucional formulado por Jürgen Habermas no consiste en convertir el texto constitucional en un territorio blindado y defensivo que excluye y marca divisorias de amigo/enemigo. Como afirma el propio Habermas, implica todo lo contrario. No es posible mantener vivo el consenso constitucional desde posturas belicosas o lecturas siempre restrictivas. No es posible respetar su espíritu de concordia y convivencia si se abren campañas de catalanofobia o de andaluciafobia. El patriotismo constitucional no viene dado por haber nacido aquí o allá. Son los valores del pluralismo y la inclusión democrática de la diversidad los que nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a la misma comunidad política que nos respeta como ciudadanos libres y diferentes. ¿Estamos dispuestos a formular políticas de inclusión de la diversidad y a resolver las luchas de identidad que se han desbocado? ¿Hay que responder con inteligencia incluyente o con maximalismo esencialista?